Todo lo que debes saber de la nueva Ley de Contratos

Te explicamos las novedades más importantes

La nueva Ley de Contratos del sector público (LCSP), que entró en vigor el pasado 9 de marzo, supone una auténtica revolución en el ámbito de la contratación público al introducir una serie de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de selección. Esta nueva normativa, que sigue el modelo que se está imponiendo en toda Europa, persigue mejorar la eficacia de los recursos públicos y acabar con la corrupción.

A continuación, desgranamos las novedades más importantes:

Nuevos requisitos de adjudicación

La nueva normativa obliga a las administraciones públicas a garantizar que los contratistas demuestren su compromiso en materia medioambiental, social o laboral. Entre los nuevos requisitos, figura el fomento de la integración social de personas con discapacidad y personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; entre otros.

En caso de empate, gana el que demuestre mayor compromiso social

En caso de que se produzca igualdad de puntuación entre las proposiciones presentadas por los contratistas, los criterios de desempate tendrán en cuenta factores como que las empresas tengan en plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa; o si se trata de contratos relativos a prestaciones de carácter social, se dará preferencia a las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro.

Se excluye a los condenados por infracción grave

La Administración no podrá contratar a las personas o empresas que hayan sido condenadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia laboral o social. También se excluye a las empresas que, estando obligadas a hacerlo, no cumplan con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad o que no cuenten con un plan de igualdad entre hombres y mujeres. Además, se prohíbe la contratación con quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos de corrupción

Se tendrá en cuenta la mejor relación calidad-precio

Con este nuevo criterio de adjudicación, se pretende impulsar las actividades de I+D+i y permitir un mayor acceso de las pymes a las licitaciones públicas, lo que se amplía la competencia y se evite la fuerte dependencia con las grandes empresas. De esta forma, se sustituye el anterior criterio de adjudicación, que sólo tenía en cuenta la oferta económicamente más ventajosa.

Mayor transparencia

Para conseguirlo, se suprime del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía; se crea un nuevo procedimiento de adjudicación con el que se pretende limitar la contratación directa a situaciones extraordinarias; se obliga a los contratos adjudicados a inscribir en el Registro de Contratos del Sector Público; y se exige mayor información a publicar en el perfil del contratante.

Mayor facilidad de acceso

Las pymes se pueden presentar a un concurso público a través de la firma de la declaración responsable, por lo que se reducen los trámites burocráticos. Además, para ciertas licitaciones, no se exigirá acreditar experiencia previa.

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