¿A quién afectará el impuesto a las tecnológicas?

El gobierno ha comunicado a Bruselas que tiene previsto implantar la ‘tasa Google’.


Acabar con los privilegios fiscales que gozan las grandes multinacionales tecnológicas es una de las prioridades que se ha marcado la Comisión Europea (CE). Según dicho organismo, no es admisible que mientras las compañías tradicionales tributen a un tipo efectivo de gravamen del 23,2%, las digitales tributen sólo al 9,5%.


Para ponerle remedio, el pasado 21 de marzo la CE dio a conocer la propuesta “fiscalidad justa en la economía digital”,  con la que pretende crear una base imponible común entre todos los miembros de la Unión Europea que afectaría a las empresas que cumpliesen alguno de los siguientes requisitos: más de 7 millones de ventas, más de 100.000 usuarios o más de 3.000 contratos B2B (business to business).

Junto a esta iniciativa, la CE también ha planteada crear un impuesto interino común, cuyo tipo de gravamen sería del 3%,  que gravaría las ventas por los servicios digitales en los que los usuarios desempeñan un papel decisivo en la creación de valor, tales como la venta de espacios publicitarios online, los intermediarios que ponen en contacto a usuarios para la venta de bienes y servicios entre ellos o la venta de datos obtenidos de información aportada por los usuarios.

En síntesis, se busca que las multinacionales tributen por el lugar de consumo y no por el lugar de prestación de servicio o de ubicación de la sede social, como hasta ahora, y crear una fiscalidad común de todos los estados.

Este impuesto, conocido como ‘tasa Google’, gravaría exclusivamente a aquellas empresas, sean o no residentes fiscales en la UE, cuyo volumen anual de ingresos supere los 750 millones anuales en el mundo y los 50 millones en el mercado comunitario. Es decir, afectaría a titanes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook.

Según estimaciones de la Comisión, este impuesto generaría ingresos por valor de 5.000 millones de euros anuales para los países de la Unión Europea.

El gobierno español pretende implantarlo


Para su aprobación a nivel europeo, es necesario que haya consenso en el ECOFIN, integrado por los Ministros de Economía y Finanzas de los estados miembros de la Unión. Durante las reuniones preliminares que tuvieron lugar en Bulgaria el pasado mes de abril, hubo discrepancias entre los partidarios de implantarlo inmediatamente y los partidarios de seguir con una tributación más laxa con las grandes empresas tecnológicas. España pertenece al primer grupo.

Siguiendo los pasos de Alemania y Francia, el gobierno español ha decidido adelantarse y plantea aprobar durante el presente ejercicio fiscal 2018 un impuesto que grave determinados servicios digitales, muy parecido al impuesto del 3% propuesto por la Comisión. Prueba de ello es la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 que ha presentado a Bruselas, en el que le comunica su intención de subir las pensiones y que, para sufragarlas, adoptará "nuevas figuras tributarias", como la mencionada ‘tasa Google’. Por su parte, el ministro de Economía, Román Escolano, ha declarado públicamente que la idea es “presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente".



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