Claves de la venta de viviendas del IVIMA a un fondo buitre

El juzgado de lo contencioso-administrativo anuló la venta de las viviendas públicas a Azora

¿Qué es el IVIMA?

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) es un organismo de carácter comercial y financiero de la Comunidad de Madrid que fomenta la construcción de Viviendas de Protección para que los colectivos con mayores en riesgo de exclusión, como los jóvenes o las personas con una renta económica muy baja, puedan tener acceso a la misma. Recientemente, pasó a denominarse Agencia de la Vivienda Social.

¿Qué es Azora-Goldman Sachs?

Es una compañía de inversión y gestión de activos inmobiliarios. En la actual cartera de clientes de Azora como gestora de inversiones inmobiliarias figuran grandes fondos y patrimonios como Goldman Sachs.

¿Cuándo comenzó el conflicto?

En 2013, se vendió a Azora-Goldman Sachs 32 promociones de 3.000 viviendas públicas por más de 200.000 millones de euros. Desde que Encasa Cibeles –socimi de Azora- pasó a gestionar la propiedad de las viviendas, las mensualidades que los inquilinos debían abonar pasaron de ser flexibles –en función del nivel de renta de la familia- a cuotas fijas sin tener en cuenta su situación económica.

¿Qué han dicho los tribunales?

Un inquilino al que no se le informó de la venta de su vivienda pública a Encasa presentó un recurso contencioso administrativo para impugnar dicha venta. El recurso fue desestimado por sentencias del Juzgado Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ambas alegaban que el inquilino no tenía “legitimación activa” para impugnar la venta porque la venta de su vivienda no tenía consecuencias para su contrato de alquiler.

El fallo del juzgado de los contencioso-administrativo abre la veda para que los afectados puedan recurrir la venta de sus casas con muchas posibilidades de ganar.

Pero no tiro la toalla y volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón en 2017, admitiendo que las consecuencias de la venta a manos privados sobre los inquilinos eran directas y que, consecuentemente, los afectados tenían potestad para llevar a los tribunales cada caso.

A finales de mayo de 2018, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid anuló  la venta de las viviendas públicas al fondo buitre.

¿Qué alegó Azora?

El plazo legal de un acto administrativo como este son dos meses desde que se produce y ya han pasado cinco años de la operación. Por ello, Azora alegó la extemporaneidad de la demanda (porque se interpuso más de dos meses después del acuerdo de adjudicación). No obstante, el juzgado del contencioso considera que “no procede acoger el alegato de inadmisibilidad” ya que “no puede decirse que el presente recurso sea extemporáneo, cuando no consta que se le notificara eficazmente al demandante el acuerdo de adjudicación aquí impugnado más de dos meses antes de la interposición del presente recurso”.

¿Qué consecuencias traerá?

Por un lado, el fallo abre la veda para que los afectados puedan recurrir la venta de sus casas con muchas posibilidades de ganar. 

Por el otro, los casi 3.000 pisos sociales que se vendieron deberán volver al patrimonio regional. El actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha admitido que la operación, realizada por el entonces presidente Ignacio González, "no fue un acierto". Aún así, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará un recurso a la sentencio del juzgado contencioso-administrativo.

Por último, la Fiscalía ve posibles delitos de prevaricación y malversación de dinero público y acusa como máximos responsables a Ana Gomendio y Juan Van-Halen, directores del Instituto de la Vivienda de Madrid en 2013.

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