¿Qué nuevos dilemas legales plantean las impresoras 3D?

La UE debate sobre los problemas de falsificación y responsabilidad civil.

La Unión Europea ha puesto en el punto de mira a las impresoras 3D. Un comité del Parlamento Europeo ha hecho una serie de recomendaciones para prevenir la falsificación y proteger los derechos de autor de los creadores a medida que la tecnología se generaliza. El mercado de impresión 3D en Europa, que podría valer 9.600 millones de euros para el año 2021, actualmente no tiene leyes específicas y está regido por disposiciones generales de propiedad intelectual.

“La impresión en 3D plantea problemas legales, éticos, de salud y seguridad específicos”, aseguró la eurodiputada francesa Joëlle Bergeron, poniendo el foco en el derecho de propiedad intelectual y las cuestiones relativas a la responsabilidad civil durante su intervención en el PE.

Con la impresión 3D, "un trabajo puede circular digitalmente antes de tomar una forma física, lo que hace que sea más fácil copiar y complica la lucha contra la falsificación", afirma Bergeron en el informe que ha presentado. Para contrarrestar esta situación, Bergeron aboga por desarrollar una oferta legal "para que las personas puedan imprimir un objeto sin infringir la ley" y que, al mismo tiempo, "el desarrollador original pueda seguir manteniendo sus derechos".

Por otro lado, el texto alerta de que en sectores como el de los automóviles, electrodomésticos, la aeronáutica o la salud, donde ya se están comercializando piezas defectuosas que podrían poner en riesgo la vida de las personas.

Un trabajo puede circular digitalmente antes de tomar una forma física, lo que hace que sea más fácil copiar

La Comisión de la UE ahora tiene tres meses para responder qué acción planea tomar y un año para presentar propuestas legislativas concretas o incluirla en su próximo programa legislativo. Este último es el escenario más probable, dada la proximidad de las elecciones y el nombramiento de una nueva Comisión el próximo año.

A pesar de estos problemas planteados, el informe también celebrar los beneficios económicos y medioambientales de la fabricación aditiva, que ha permitido el ahorro de los costes de producción y almacenamiento. “Este informe no quiere frenar la innovación a través del derecho, legislar siempre más y acumular legislación, sino de anticiparse y ver en qué medida habrá que adaptar o completar las normas existentes”, concluye Bergeron.

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